Qué es la ley de la segunda oportunidad
La ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es un mecanismo legal cuyo objetivo es que todas las personas particulares y autónomos que están en una situación de sobreendeudamiento puedan cancelar sus deudas, por ley.
Este procedimiento está pensado para todos aquellos deudores PERSONAS FÍSICAS, bien sean empresarios individuales/autónomos, bien sean personas físicas no empresarias, que se encuentren en estado de INSOLVENCIA, es decir, que no puedan hacer frente con regularidad a sus obligaciones exigibles. Dicha insolvencia puede ser:
Esta insolvencia, lo que nos dice la práctica profesional, es que suele venir derivada de un sobreendeudamiento excesivo.
Prototipo de cliente que se ha sobreendeudado a través de mini créditos, solicitados en muchas ocasiones, para atender créditos anteriores, habida cuenta que los intereses que gravan dichos préstamos son, en la mayor parte de las ocasiones, cercanos a la usura.
En ambos tipos de insolvencia es posible que existan ya muchos impagos cuando el cliente decida acogerse al mecanismo de la 2ª oportunidad, sin embargo, también acuden muchos otros que van al día con sus cuotas, si bien, asfixiados. Ambas situaciones entran dentro del mecanismo pre concursal.
Llegados a este punto, la ley ofrece un mecanismo judicial por el cual las personas que se encuentran en las situaciones descritas anteriormente pueden empezar de cero, acogiéndose al mecanismo de la Segunda Oportunidad que tendrá como objetivo principal cancelar todas aquellas deudas a las que no se pueda hacer frente.
REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Requisitos
Para poder solicitar la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO), se deberán cumplir una serie de requisitos.
– No pueden existir una condena en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
– Que el deudor no se encuentre negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.
